El sindicato Ammar, que agrupa a las trabajadoras sexuales de Argentina, anunció la convocatoria al primer paro nacional del sector para este martes, en respuesta a la serie de asesinatos que se registraron durante octubre. En ese mes, cuatro mujeres alrededor de los 30 años fueron encontradas sin vida después de encuentros con clientes, lo que, según la secretaria general Georgina Orellano, evidencia la profunda vulnerabilidad de la actividad.

Los crímenes que desencadenaron la medida

Los casos se dieron en distintas provincias. En Rosario, la ciudad natal de la fallecida Bárbara Camila Aragón, de 26 años, su cuerpo fue hallado en una pensión donde había ido a encontrarse con un cliente; el detenido Eliel Schiffo, de 37 años, ex‑policía y previamente imputado por abuso sexual y feminicidio, sigue bajo investigación. En Córdoba, la asesina de 29 años, Daniela del Milagro Villalba, fue encontrada en el departamento donde vivía y atendía a clientas; la investigación apunta a Renato Iván Tabella, de 28 años, detenido días después en Buenos Aires. En la capital federal, Tatiana Micaela Fernández, de 27 años, apareció sin vida en un departamento de Retiro, compartido con otra trabajadora sexual; el mismo Tabella es el principal sospechoso en ese femicidio. Finalmente, en la zona costera de la provincia de Buenos Aires, Paola Vallejos, de 36 años, fue hallada sin vida en una posada de Costa Azul el 8 de octubre; aunque la hipótesis inicial fue de suicidio, la familia insiste en que se trata de un homicidio y la justicia ordenó nuevas pericias, sin que hasta el momento se haya identificado a ningún sospechoso.

Contexto legal y la decisión de paralizar el trabajo

En Argentina el trabajo sexual ejercido de forma autónoma y voluntaria por adultos no constituye delito. No obstante, la legislación penaliza la explotación sexual –proxenetismo, trata de personas y funcionamiento de prostíbulos– y prohíbe ciertas formas de promoción del servicio. Según Orellano, esa combinación crea una zona de ambigüedad que obliga a miles de trabajadoras a ejercer sin reconocimiento laboral ni derechos específicos, y cada vez más de manera individualizada. “Ejercemos un trabajo que no está reconocido, que está estigmatizado socialmente y que encima está criminalizado”, declaró la dirigente.

La normativa también dificulta la organización colectiva: “Hoy las trabajadoras no pueden trabajar de manera colectiva en un departamento, no pueden agruparse porque la que figura en el contrato de alquiler puede ser señalada como la proxeneta del resto”. Orellano explicó que la intervención del Estado, a través de políticas antitrata, habría roto con la práctica colectiva que antes servía de medida de seguridad.

Ante la imposibilidad de presentar reclamos a empleadores inexistentes, el sindicato optó por un paro que busca visibilizar la urgencia del problema. La consigna elegida es “La clandestinidad mata”. La jornada incluirá una intervención frente al Congreso de la Nación, con la participación de actrices, sindicalistas y referentes culturales que leerán un documento. Además, Ammar lanzó una campaña en redes sociales invitando a trabajadoras y a sus aliados a cambiar la foto de perfil por un zapato de tacón rojo acompañado del lema “Ni una menos”.

Comparaciones y datos del contexto de violencia de género

Orellano señaló que la sociedad suele procesar la muerte de trabajadoras sexuales como hechos inevitables vinculados al “riesgo del oficio”, a diferencia de casos como el de la docente rural Nancy Godoy, cuya desaparición generó un paro docente nacional inmediato. “En nuestro caso también habría que poner el foco en la precariedad, pero en vez de eso pareciera que a nosotras las cosas nos pasan porque somos putas”, afirmó.

El Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos informó que en octubre se registraron al menos 239 femicidios en Argentina, el peor registro mensual en los últimos cinco años. En lo que va del 2026, la cifra total de femicidios asciende a 239, lo que equivale a un femicidio cada 30 horas. Estos datos subrayan la magnitud de la violencia de género que afecta también a las trabajadoras sexuales.

Con la convocatoria al paro, Ammar pretende romper la invisibilidad que rodea al sector y exigir políticas públicas que reconozcan y protejan a las personas que ejercen el trabajo sexual, poniendo en la agenda pública la necesidad de garantizar derechos laborales y seguridad.