El nuevo magistrado del caso, Tomás Rodríguez Ponte, dictó este lunes una resolución que impide a Ariel Vallejo prestar cualquier tipo de servicio financiero y comunica la medida a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La prohibición se extiende a su participación, bajo cualquier condición, en proveedores de servicios de pago (PSP) o en entidades que ofrezcan servicios financieros mientras la orden esté vigente.

Operativos policiales en clubes de fútbol

El mismo fallo ordenó a la Policía Federal ejecutar operativos en los clubes San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres instituciones que mantenían vínculos con Sur Finanzas. En los allanamientos se incautó documentación bancaria, financiera y comercial correspondiente a las autorizaciones otorgadas por el juez anterior, Luis Armella, y a los treinta días posteriores.

Asimismo, se emitieron órdenes de presentación contra varias sociedades vinculadas a la financiera, entre ellas Pagos y Transferencias SA, Cobros Express Buenos Aires SA, Cobranza Integral SA y Aga Group SA.

Antecedentes y alcance de la investigación

El caso se enmarca dentro de una causa iniciada en noviembre tras la denuncia de la AFIP (ARCA) por presunta evasión impositiva y lavado de dinero. La pesquisa busca determinar si los cerca de $818 mil millones de pesos que circularon a través de la billetera virtual de Sur Finanzas PSP fueron operados de forma legítima y tributada. La PSP sigue inhabilitada.

En la investigación se señala que San Lorenzo recibió más de $1 900 millones de la financiera; los fondos se depositaron en una cuenta del Banco Industrial y el club emitió un pagaré a favor de Sur Finanzas, que a su vez cobró más de $100 millones en intereses.

El juez también dispuso que los vehículos incautados en la causa principal sean entregados a la Corte Suprema para destinarlos a utilidad social. Entre los automóviles se contabilizan cuatro camionetas Toyota, tres Audi y una Ferrari California convertible negra, que Vallejo había intentado simular su venta a una jubilada de 73 años para eludir embargos, según los fiscales.

Vallejo, que había reabierto recientemente una sucursal de Sur Finanzas en Canning después de cerrar más de veinte locales en el Gran Buenos Aires, había anunciado en redes sociales su “privilegio” de volver a trabajar y ofrecer oportunidades. Sin embargo, la medida judicial vuelve a limitar sus actividades tras la serie de causas que lo investigan, incluida la relacionada con exdirigentes de Banfield y el llamado “rulo financiero”.

En el marco de la causa, la autoridad solicitó a la AFIP un informe detallado sobre las personas físicas y jurídicas que operaron a través de la PSP de Sur Finanzas, señalando que muchos de los registrados como “soldaditos” presentaban ingresos bajos pero aparecían con montos elevados, lo que sugiere la posible utilización de intermediarios para ocultar la verdadera titularidad de los fondos.

Al menos cuatro usuarios han negado haber realizado los movimientos que les fueron imputados: un individuo identificado como M.A.C. rechazó un préstamo de $500 millones; F.J.P. desconoció un crédito de $133,1 millones; S.L.F. alegó haber dado de baja su cuenta antes de que se le cobrara $485 millones; y R.B. sostuvo que nunca mantuvo relación alguna con Sur Finanzas.