El juez federal Martín Cormick ordenó la aplicación de multas diarias de $100.000 (astreintes) al jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, por no cumplir la medida cautelar que obliga a actualizar los salarios docentes y no docentes universitarios, así como las becas estudiantiles, conforme a lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.798).

Fundamento y alcance de la sanción

La decisión se sustenta en un fallo firme de la Corte Suprema del 25 de junio y en la medida cautelar de diciembre pasado, ambas confirmadas por la Cámara de Apelaciones. En su resolución, el magistrado citó el artículo 100 inciso 1 de la Constitución Nacional y el artículo 5 de la Ley 27.798, fijando en la primera etapa la suma de $100.000 diarios, a partir del 30/9/2026, como apercibimiento al titular de la Jefatura de Gabinete.

La medida llega tras dos intimaciones previas que el juez envió al Gobierno, las cuales no fueron acatadas, pese a la demanda interpuesta por los rectores agrupados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Contexto institucional y reacciones

El anuncio se produjo un día antes de la convocatoria a una quinta marcha federal universitaria, prevista para el jueves en todo el país. En la semana anterior, el mismo magistrado declaró inconstitucional el decreto 759/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el entonces jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Sandra Pettovello, por no contemplar partidas presupuestarias específicas para el gasto exigido.

El Gobierno apeló la decisión y el caso avanzó a la Cámara de Apelaciones. Según la Asociación de Docentes de la UBA (ADUBA), la multa de $100.000 diarios resulta simbólica, describiéndola como "un almuerzo para Santilli", y considera que debería ser más gravosa para lograr cumplimiento. Por su parte, CONADU sostuvo que la imposición de multas confirma la falta de respeto del Ejecutivo a la ley y anunció una marcha contundente.

Expertos legales recuerdan que, aunque la Ley de Responsabilidad Estatal 26.944 de 2014 limita las sanciones pecuniarias contra el Estado, la jurisprudencia permite aplicar astreintes a los patrimonios personales de funcionarios que deliberadamente infringen órdenes judiciales.