Un día antes de que la jueza federal Jennifer Rochon desestimara la demanda colectiva impulsada por inversores afectados por el lanzamiento y colapso del criptoactivo $LIBRA, el gobierno de Estados Unidos remitió por escrito su posición a las autoridades argentinas, indicando que no existen pruebas suficientes para acreditar la comisión de un delito y, por ello, no entregará los registros solicitados.
Posición oficial del Departamento de Justicia
La Oficina de Asuntos Internacionales (OIA) de la División Criminal del Departamento de Justicia envió una carta de una página al Ministerio de Justicia argentino, fechada el 28 de septiembre, en la que se explicaba que la información aportada por Buenos Aires resultó insuficiente para demostrar la existencia de un delito. La misiva, firmada por la fiscal Mari Aponte, señaló que los inversores en criptomonedas asumen riesgos propios al operar con activos financieros especulativos, nuevos y no regulados, y que la difusión viral de un político que promueve un criptoactivo no basta para probar una inducción a fraude.
El pedido argentino, tramitado desde hace más de un año y medio, buscaba acceder a los “registros de suscriptor” para avanzar en la investigación penal por presunto fraude en torno a $LIBRA. El Departamento de Justicia había recibido la requisitoria el 8 de abril de 2025 y, tras solicitar información adicional a los tribunales argentinos el 24 de abril y el 31 de julio de 2025, recibió respuestas el 31 de julio de 2025 y el 7 de mayo de 2026. Finalmente, la autoridad estadounidense concluyó que la documentación recibida no permitía sustentar la solicitud.
Desestimación de la demanda colectiva en Nueva York
El mismo día en que se comunicó la posición de EE.UU., la jueza federal Jennifer Rochon, a cargo del caso en el Distrito Sur de Nueva York, rechazó la demanda colectiva presentada contra los promotores de $LIBRA. En su fallo, la magistrada sostuvo que los demandantes no lograron demostrar los elementos requeridos para una acusación de fraude, conspiración, enriquecimiento injustificado y violaciones de la ley RICO, entre otros. La resolución citó 18 veces al presidente argentino Javier Milei, quien había publicado en la red social X el código necesario para adquirir $LIBRA, y señaló que la difusión del criptoactivo había elevado el interés y el volumen de operaciones.
Tras el colapso de $LIBRA, Milei eliminó su publicación original y afirmó que solo había “difundido” el proyecto, sin promocionarlo. La carta estadounidense, sin nombrar a los supuestos promotores estadounidenses Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, sí incluía a Milei en la carátula, pero se limitó a cerrar el expediente sin indicar si la Sección Fraudes de la División Criminal abriría una investigación propia.
En febrero de 2025, fuentes argentinas revelaron que la Sección Fraudes había recibido al menos un “reporte de operaciones criminales” luego del colapso, vinculándolo a una presunta megaestafa de entre 87 y 107 millones de dólares que afectó a miles de inversores de Argentina, EE.UU. y otros países, y que impactó a compañías cripto como KIP Protocol, Jupiter y Meteora.
